Desde España: El dedo en la llaga. LUCIDEZ... ¡ Y ACCION !

El dedo en la llaga.

Miguel Ángel Luque Mateo es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería Españam Humanista,  amigos les  recomiendo leerlo porque es conciso, objetivo y claro (no tiene desperdicio).




Miguel Ángel Luque Mateo
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería

"INDIGNACIÓN Y REACCIÓN FRENTE A LAS MENTIRAS DE LA CRISIS"

“Ha llegado el momento de tomar «decisiones valientes» para
salir de la crisis. Hay que seguir recortando los gastos sociales,
educativos y de investigación, disminuir las partidas sanitarias,
paralizar la inversión pública, congelar las pensiones, rebajar el
sueldo de los funcionarios, abaratar el despido, descafeinar la
negociación colectiva, aumentar la edad de jubilación, destinar menos
dinero a las personas dependientes y subir los impuestos. Todo ello,
para reducir el déficit público como exige Europa y dar confianza a los
mercados”. Este es el discurso que las instituciones y los medios de
comunicación nos quieren imponer. En las siguientes líneas expongo una
visión distinta de la situación. Para ello, responderé a dos preguntas:
1ª ¿por qué tenemos un déficit público tan elevado? y 2ª ¿es justa la
subida de impuestos? Por último, señalaré varias vías de solución,
desde la justicia.

Comenzando por la primera, diré que el alto nivel de
endeudamiento de los Estados es consecuencia, en gran medida, de las
millonarias ayudas públicas al sistema financiero otorgadas a escala
mundial. Recordemos que, en 2008, España creó el Fondo de Adquisición
de Activos Financieros para comprar a los bancos unos supuestos activos
“no tóxicos”, por valor de 50.000 millones de euros; que, en 2009, se
aprobó la creación del Fondo de Ordenación y Regulación Bancaria para
sufragar, principalmente, los costes de las actuales fusiones e
intervenciones de las cajas de ahorros, por un importe de 90.000
millones de euros y que, adicionalmente, se han aprobado avales al
sistema financiero por importe de 334.800 millones de euros para
garantizar sus operaciones financieras (esto último no debe confundirse
con el fondo de garantía de depósitos para los ciudadanos). Todo ello
se ha realizado con el beneplácito de la Comisión Europea, el Banco
Mundial, el FMI, el Banco de España y el voto, casi unánime, del
Parlamento español. En total, contando los avales, se ha aprobado la
posibilidad de otorgar ayudas públicas a este sector por un importe de
474.800 millones de euros (aunque la ministra de Economía y Hacienda
declaró que sólo se han utilizado unos 100.000 millones €), cifra muy
alejada de los 2.300 millones que costaba el cheque bebé o los 1.500
millones € que ahorró la congelación de las pensiones contributivas.

Lógicamente, el Tesoro Público no disponía de ese dinero para
dárselo a la banca. ¿De dónde ha salido entonces? Pues de la emisión de
Deuda Pública (letras del tesoro, bonos y obligaciones del Estado),
que, en definitiva, consiste en pedir dinero prestado, con el
consiguiente aumento de nuestro nivel de endeudamiento. Piénsese que,
en los tres últimos años, se ha incrementado la deuda española en
circulación en 200.000 millones €.

Paralelamente a lo anterior, se nos exige subir los tributos, lo que
parecería estar en sintonía con los Estados del bienestar más
avanzados.
No obstante, entrando ya a responder la segunda cuestión planteada en
este artículo, diré que no todos los impuestos son igual de justos. Hay
algunos que, por regla general, hacen pagar más a los ricos (los
directos, que recaen sobre la obtención de renta, los beneficios y la
posesión de patrimonios) y otros que, normalmente, no respetan tanto la
capacidad económica (los indirectos, más centrados en el consumo). Pues
bien, en España y en resto de países de la UE, se están subiendo estos
últimos, mientras que los primeros siguen bajando, incluso en plena
época de crisis. Efectivamente, mientras han aumentado los impuestos
sobre “las gasolinas” y “el tabaco” y se ha incrementado el IVA (sin
efecto para las empresas y los ricos que operan a través de ellas,
porque se lo deducen), se ha bajado hasta 10 puntos el tipo de gravamen
del Impuesto sobre Sociedades (que hace tributar, por ejemplo, a las
grades empresas y las entidades de crédito), se ha suprimido el
Impuesto sobre el Patrimonio (que pagaban sólo los ricos), se reducido
el tipo de gravamen a los banqueros y sus familiares, en importantes
operaciones, y se ha creado un régimen fiscal privilegiado para que las
empresas de alquiler de las entidades de crédito (SOCIMI) puedan
arrendar los grandes patrimonios inmobiliarios con los que se han
quedado. Lo más escandaloso de todo es que se ha mantenido el tipo de
gravamen de las sociedades de inversión de las grandes fortunas (SICAV)
en el 1% (frente al 45% al que puede llegar a tributar el común de los
mortales).

Lo más triste e irritante de esta cuestión es que las personas
y entidades verdaderamente ricas apenas pagan impuestos, porque tienen
su dinero e inversiones en los paraísos fiscales, con total opacidad al
fisco. De hecho, el 69 por ciento de las empresas del Ibex 35 opera en
estos territorios. Según algunas estimaciones, en estos centros se
mueven unos 12 billones de dólares, que generan, a su vez, unos 660 mil
millones de beneficios, lo que supone una pérdida de recaudación fiscal
de unos 250.000 millones de dólares. Y desde aquí operan los famosos
“hedge funds”, responsables del ataque a las economías de la zona euro,
como la española. Estos ingresos tributarios de los ricos y poderosos
que se han disminuido o no llegan a las arcas públicas son otra de las
causas de este déficit público.

Llegados a este punto, uno es consciente de la jugada maestra
del capital. Durante años ha obtenido unos beneficios extraordinarios
con la especulación de las hipotecas “subprime”, sin pagar casi
impuestos, a costa del endeudamiento del sector privado; cuando el
sistema se desmorona, consigue que el Tesoro Público salga a rescatarlo
y le mantenga una fiscalidad privilegiada, con la ingenua promesa de
reactivar el crédito a las empresas y los ciudadanos a los que tiene
asfixiados. Y, por último, cuando los Estados se encuentran en una
situación de debilidad, consecuencia del enorme esfuerzo que ha
supuesto dicha ayuda, aprovecha la situación para colocarlos al borde
de la quiebra y forzarlos a desmontar lo poco que queda del sistema de
bienestar, empobreciendo injustamente a millones de personas, con la
complicidad de las mismas instituciones no democráticas (Comisión
Europea, FMI, Banco Mundial y Banco de España) que permitieron aumentar
el déficit público en beneficio de la banca. Estos mercados, que tienen
nombres y apellidos, se están frotando las manos con el nuevo ámbito de
pastel que se abre con las privatizaciones (Loterías y Apuestas del
Estado; AENA; etc.) y las reformas estructurales (planes de pensiones
privados, agencias privadas de colocación, centros privados de sanidad
y educación, etc.).

Algunas soluciones a esta situación, más allá de acciones
individuales y testimoniales, como la colocación de nuestro dinero en
la banca ética, pueden venir por varias vías: la lucha efectiva por la
desaparición de los paraísos fiscales; la aprobación de una regulación
de los mercados financieros que impida y obstaculice los ataques
especulativos sobre nuestras propias economías; el establecimiento de
un impuesto que grave las transacciones financieras, en el marco de un
sistema tributario justo; la creación de una banca pública que canalice
el crédito a las empresas y ciudadanos; la reforma de la ley electoral
hacia un modelo más proporcional y que dote de representatividad al
voto en blanco; la eliminación de los abusos bancarios en los préstamos
hipotecarios (cláusulas suelo, seguros leoninos sobre tipos de interés,
cobro único de primas de seguros obligatorios para varios años;
exigencia de múltiples productos financieros, etc.), además de la
supresión de los privilegios exorbitantes de la casta política, de
forma que se les aplique a ellos lo que aprueban a los demás (piénsese
que un parlamentario tiene una pensión máxima con 11 años y un día en
el cargo y podría jubilarse a los 60 años, mientras que la mayoría de
los trabajadores necesitará 37 años cotizados y se jubilará a las 67).
Éstas sí serían verdaderas decisiones “valientes” que podrían hacer
cambiar este “mundo al revés”, en el que la clase media-baja asalariada
paga los impuestos y los realmente ricos se llevan el dinero. En
definitiva, se trata de cambiar este sistema criminal que cada día mata
a 80.000 personas y condena a más seres humanos a la miseria.