domingo, 3 de abril de 2011

La crisis de la universidad pública colombiana


Sobre la crisis de la desfinanciación de las universidades públicas y las posibilidades del movimiento social.




Los avances de cobertura alcanzados en la educación superior en Colombia durante las dos últimas décadas han presionado las finanzas de las universidades públicas de tal forma que hoy se ha llegado a una situación de fragilidad financiera que no permitirá avanzar más en la cobertura educativa ni en la calidad. Ésta es una situación que debe causar gran preocupación ya que habrá más dificultades para el desarrollo del país basado en el conocimiento y disminuir las iniquidades. Y por el contrario aumentará más la brecha científica y cultural frente a los demás países, incluso frente a los de la región, además de crear todas las barreras para el acceso la universidad pública.


Se ha llegado a tal situación por el desbalance entre gastos e ingresos. Por el lado de los gastos, su rápido aumento se debe a que las 32 universidades públicas del país pasaron de 200.000 estudiantes matriculados en 1992 a más de 500.000 en 2009. En lo que respecta a la investigación, desde que se implementó la política de fortalecimiento a grupos de investigación ha implicado gastos asociados con el equipamiento para la investigación, lo que a su vez ha estado acompañado de mejoras en la titulación de la planta docente y por lo tanto de su remuneración.


Así las cosas, el sistema de puntajes que se incorporan al salario de los docentes generó un mecanismo explosivo sobre los gastos por cuenta del reconocimiento de la calidad y la producción de los docentes y por la remuneración a los cargos administrativos ejercidos por ellos. Adicionalmente, los gastos en seguridad social y las condiciones de igualdad para los docentes ocasionales frente a los de planta, han presionado la estructura de gastos de personal.


Por el lado de los ingresos, a partir de la la Ley 30 de 1992 se determinó que los aportes de la Nación deberían crecer anualmente usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —es decir que los ingresos se ajustan según la inflación— sin ninguna preocupación por el mantenimiento del valor real de la oferta educativa. Esto quiere decir que los gastos han crecido mucho más que los ingresos.


Pagando el 2009 con plata del 2010
Ahora bien, esta situación empeoró durante 2009 dejando en evidencia que el presupuesto de las universidades grandes como la U. Nacional ya no alcanzó para pagar los gastos de operación o, lo que es peor, que se comprometiera el presupuesto de 2010 para pagar los gastos de 2009, tal como ocurre en la Universidad Pedagógica Nacional.


Las reacciones de la comunidad universitaria se vieron inmediatamente. Por su parte, el movimiento estudiantil se reactivó logrando acciones coordinadas en todo país para exigir a las administraciones universitarias y al gobierno dar solución definitiva al problema del financiamiento. Por su parte, las administraciones universitarias conformaron una comisión para evaluar la situación financiera del conjunto de universidades públicas colombianas que dio como resultado, por lo menos, dos reivindicaciones:


1. Reconocer, a valor presente, los gastos adicionales en que han incurrido las universidades públicas en cumplimiento de la normatividad expedida con posterioridad a la expedición de la Ley 30 de 1992 en materia de gastos de funcionamiento que a manera de ilustración para el caso de los gastos de personal en un estudio realizado para 30 universidades públicas supera los $ 469.000 millones de pesos con corte a diciembre de 2007 y a pesos del mismo año.


2. A partir de la vigencia 2010, actualizar los aportes de la Nación en un porcentaje equivalente al IPC más 5.5% representado en la cualificación docente por el impacto de las normas y el incremento del aporte patronal por seguridad social; y más 3.5 % representado en el impacto por gastos generales y gastos de personal por docentes temporales para el cumplimiento del desarrollo misional.
Tanto la movilización estudiantil como las gestiones de las administraciones dieron lugar a una negociación con el gobierno en el marco de la aprobación del presupuesto nacional de 2010 titulada “Sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis”. El anuncio fue realizado el 20 de octubre de 2009 por el gobierno nacional con respecto a que se aprobaron 160.000 millones de pesos en el presupuesto de 2010 «para fortalecer el presupuesto de las universidades públicas» debe tomarse con la debida precaución. Tal anuncio es engañoso porque ese dinero aprobado llegará a Colciencias y al Icetex pero no directamente a las universidades y, peor aún, finalmente no se avanzó en una solución estructural.


Aprendizajes
Lo positivo es que se obtuvo una respuesta a la presión ejercida por la comunidad universitaria y otros estamentos sociales, dejando ver que la distribución del presupuesto nacional puede alterarse por medio de un proceso político, lo cual debe entenderse como la principal enseñanza. De hecho, la distribución del presupuesto nacional debe ser uno de los principios reguladores de los movimientos sociales.


Por ejemplo, para el caso de la universidad pública se puede decir que se asigna por lo menos 10 veces más al gasto militar que al total del presupuesto de las 32 universidades públicas, por lo que una de las reivindicaciones debe ser alterar esta proporción en beneficio de la educación y en detrimento del gasto para la guerra. Otros ejemplos como los rubros para la salud, la seguridad alimentaria o el derecho a tener derechos pueden ser elaborados a partir de la comparación de la forma en que se distribuye el presupuesto con respecto al gasto social.


Para finalizar, es necesario reflexionar que la reivindicación por una distribución justa del presupuesto nacional no es prioritaria en los programas de lucha de las izquierdas y menos en la socialdemocracia colombiana, hecho que invita a enfatizar en este punto dentro del movimiento social. En cuanto a la situación de la universidad pública, se prevé que este año se agrave la situación, por lo que hay que estar alerta para responder a la movilización pacifica.


*Tomado de reexistencia_activa

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